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TSJ: Decreto de Emergencia Económica es necesario para la protección social de la población

(Caracas, 20.01.16).- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declara como constitucional el Decreto de Emergencia Económica, presentado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para hacer frente a la coyuntura que vive al país producto de la baja de los precios de venta del barril del petróleo, que afecta los ingresos en divisas de la nación, y a la guerra no convencional que promueve la derecha para afectar la economía y perjudicar al pueblo.

De acuerdo al TSJ el decreto “atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentran razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado”, refiere una nota de prensa del máximo ente judicial.

El decreto se encuentra de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de 60 días, y fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.214 Extraordinario, del 14 de enero de 2016.

TSJDurante el proceso de verificación la Sala Constitucional constata que se respetan los extremos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas de excepción decretadas, y que el decreto resguarda y no implica restricción de aquellos derechos cuyas garantías no pueden ser limitadas, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 337 de la Carta Magna y con el 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.

Asimismo, el decreto cumple con los tratados internacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos y ratificados por la República, y por la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.

El Decreto de Emergencia Económica dictado por el Ejecutivo tiene como objetivo fundamental proteger los derechos de salud, vivienda, educación y alimentación de todos los venezolanos y garantizar su progresividad en un escenario de baja de 70% en los precios del petróleo, principal puerta de divisas para el país y lo que controla la economía a raíz del rentismo petrolero heredado de los gobiernos de la IV República, que se agrava con la ola especulativa y de inflación inducida provocada por sectores del comercio y la industria vinculados a partidos políticos de derecha.(FIN)

(AVN)

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